Presunta titulación irregular de 64.000 hectáreas en el Chaco paraguayo: implicancias catastrales, registrales y patrimoniales
La Cámara de Senadores aprobó, el 28 de octubre de 2026, la conformación de una Comisión Especial de Investigación para examinar presuntas irregularidades en la titulación de aproximadamente 64.000 hectáreas de tierras públicas en el departamento de Boquerón, particularmente en áreas próximas y presuntamente interiores al Parque Nacional Médanos del Chaco. La denuncia, presentada por el senador Líder Amarilla, señala que las operaciones habrían sido tramitadas en apenas dos meses y ocho días. Desde la perspectiva agrimensuril, la cuestión central consiste en determinar la correspondencia entre los antecedentes dominiales, la individualización catastral de los inmuebles, sus superficies y la ubicación territorial efectiva de las parcelas involucrados.
Según la exposición parlamentaria, a cargo del Sen. Líder Amarilla, el procedimiento irregular consistiría en utilizar títulos de propiedad antiguos, alterar sus referencias geográficas y atribuirles una localización territorial distinta de la originalmente amparada por sus antecedentes dominiales. Amarilla informó, entre otros casos, ocho padrones que comprenderían aproximadamente 28.761 hectáreas próximas al parque, además de unas 23.500 hectáreas presuntamente tituladas dentro del área protegida y otros inmuebles de aproximadamente 2.500 hectáreas. También mencionó expedientes ingresados entre agosto y octubre de 2026. Técnicamente, corresponde investigar si existieron, o no, procedimientos improcedentes. Estos pueden ser: desplazamientos de parcelas que no tienen relación con los linderos consignados en los Títulos o, en otros casos, burdas sustituciones de coordenadas y/o alteraciones de mensuras así como discordancias entre los asientos registrales y la realidad física territorial. Corresponde indicar que, la sola modificación de coordenadas no constituye, por sí misma, prueba de fraude. Debe establecerse si responde a una transformación geodésica legítima, una rectificación técnicamente fundada o una relocalización indebida del derecho invocado. Para todo ello se requiere la intervención de técnicos debidamente habilitados. Este déficit, el de personal idóneo para analizar técnicamente los expedientes, se viene denunciando desde hace años.
Las denuncias comprometen los procedimientos de control del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y del Registro Unificado Nacional (RUN). El senador cuestionó particularmente la aparente aceptación de instrumentos dominiales sin una comprobación suficiente de su legitimidad y correspondencia espacial, así como la presunta inacción del INDERT ante la afectación de tierras estatales. En términos técnico-jurídicos, resulta indispensable distinguir entre la existencia de un título, su inscripción registral, la identificación catastral y la determinación física de los límites del inmueble: son operaciones relacionadas, pero ninguna sustituye automáticamente a las demás. La investigación debería reconstruir la cadena dominial, verificar los antecedentes de mensura, cotejar planos aprobados y coordenadas originales, identificar los sistemas de referencia utilizados y ejecutar un análisis geoespacial de superposiciones con inmuebles fiscales y áreas protegidas.
La denuncia también identifica posibles responsabilidades de particulares, escribanos y funcionarios intervinientes. Amarilla mencionó a Roberto Fernando Alcaraz y Carlos Idelio Clodomiro González, vinculándolos, según sus afirmaciones, con solicitudes de inmuebles y antecedentes judiciales que deberán ser comprobados. El legislador planteó la posible existencia de una organización dedicada a producir y utilizar documentación inmobiliaria irregular, y solicitó la intervención del Ministerio Público. Los senadores Sergio Rojas y Gustavo Leite respaldaron la investigación. La comisión estará integrada por seis senadores y dispondrá de 180 días, prorrogables, para reunir antecedentes. Su trabajo debería incorporar pericias agrimensurales independientes, trazabilidad de expedientes, reconstrucción cartográfica histórica y determinación precisa de las superficies efectivamente comprometidas, evitando equiparar superficies denunciadas con superficies cuyo despojo haya sido probado.
Un aspecto institucional especialmente preocupante es la ausencia de un pronunciamiento público verificable del INDERT sobre estas denuncias. El propio senador Amarilla declaró que ninguna autoridad del INDERT, del RUN ni de la Corte Suprema de Justicia se había comunicado con él después de sus denuncias. Esa circunstancia no demuestra responsabilidad institucional, pero evidencia la necesidad de una explicación técnica y documental sobre la situación dominial de los inmuebles cuestionados, las verificaciones efectuadas y las medidas de defensa del patrimonio inmobiliario estatal. Desde la Agrimensura, el caso pone de manifiesto una deficiencia estructural potencialmente grave: la falta de una conciliación técnica, sistemática y verificable entre el catastro físico, los antecedentes de mensura y la publicidad registral de los derechos reales. La investigación deberá determinar si esa deficiencia permitió la generación de aparentes derechos sobre inmuebles cuya ubicación, extensión o titularidad no correspondían a los instrumentos utilizados.
https://chatgpt.com/**?utm_source=chatgpt.com | [Fuentes: ABC Color+1, El Observador+1 ]
Comentarios (0)
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en comentar!